mstchile 
El pasado domingo, en el marco del Día Mundial del Agua 2026, miles salieron a las calles en distintas ciudades del país. No fue una conmemoración simbólica: fue una señal política clara. Frente a la ofensiva del gobierno de José Antonio Kast, empieza a irrumpir un nuevo cuestionamiento desde abajo.
No es casual. Lo que está en disputa no es solo el agua ni la protección de los ecosistemas. Es el conjunto de las condiciones de vida de millones.
Chile —como el mundo— enfrenta una crisis ambiental cada vez más evidente: sequía estructural, eventos extremos y veranos marcados por temperaturas récord, son expresiones del cambio climático. Pero esta crisis no afecta a todos por igual. Golpea con más fuerza a las comunidades trabajadoras, especialmente en territorios donde la falta de empleo y oportunidades empuja a aceptar proyectos que destruyen su propio entorno.
Ahí está el núcleo del problema: para amplios sectores, el modelo los obliga a elegir entre defender el medio ambiente o sobrevivir.
Desarrollo para quién, a qué costo
Desde el norte al sur del país, distintos proyectos extractivos comienzan a reactivarse o ganar impulso al alero de las medidas del gobierno. Iniciativas como Minera El Abra, Minera Tres Valles o la extracción de tierras raras en Penco vuelven a instalarse en la agenda, favorecidas por la flexibilización ambiental y la presión por acelerar la inversión. No se trata de casos aislados: es una política deliberada.
El caso del Archipiélago de Humboldt sintetiza de forma concreta el impacto de estas medidas. Allí, el proyecto Minera Dominga —que durante el gobierno anterior quedó en un limbo jurídico— encuentra hoy un nuevo impulso. Las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast abren una ventana para que el proyecto avance donde antes encontró frenos.
Entre los 43 decretos ambientales retirados por el gobierno figuran la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural y la ampliación del parque marino Mar de Juan Fernández, dos instrumentos que habrían fortalecido la protección del ecosistema que Dominga amenaza. Al frenarlos, el gobierno despeja el camino para proyectos extractivos en una de las zonas de mayor riqueza biológica del país.
Proyectos como Dominga pueden generar empleo en el corto plazo, pero lo hacen a costa de destruir las bases mismas de un desarrollo duradero. Cuando se agotan, dejan territorios degradados, economías dependientes y menos posibilidades de sostener actividades como la agricultura, la pesca o el turismo.
Un modelo que profundiza la crisis
Esto no es un error ni una incoherencia. Es una decisión política. La llamada “motocierra ambiental” expresa con claridad esta orientación: en un contexto de bajo crecimiento, el gobierno busca atraer inversión a cualquier costo, incluso debilitando las regulaciones que protegen los territorios.
Como lo expresó el propio biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se trata de “priorizar 100 mil empleos frente a tres arbolitos”. No es una frase aislada. Resume la lógica del gobierno: instalar que desarrollo y medio ambiente son incompatibles, y que para generar empleo hay que flexibilizar —o eliminar— las regulaciones ambientales.
En muchos territorios, la falta de alternativas económicas empuja a sectores de la población a ver estos proyectos como una oportunidad. No porque desconozcan sus impactos, sino porque enfrentan condiciones materiales precarias. Esa es la base sobre la que construyen la división social frente a estos proyectos.
Pero esta salida es una trampa. No hay desarrollo duradero basado en la destrucción de la naturaleza. El modelo extractivo ofrece crecimiento en el corto plazo, pero reproduce la dependencia, debilita otras actividades económicas y termina profundizando las condiciones que dice resolver.
El problema no es que trabajo y medio ambiente sean incompatibles. El problema es un modelo que ha renunciado a construir alternativas reales.
Este camino no resuelve los problemas estructurales del país: los profundiza. Genera ganancias concentradas en unos pocos, basadas en la exportación de recursos naturales, y al mismo tiempo deteriora las condiciones de vida de las mayorías.
Porque la crisis ambiental y la crisis social no son fenómenos separados. Son dos caras de un mismo modelo.
Romper la falsa elección ¡A organizar la respuesta!
Esta es la lógica que el modelo busca imponer en los territorios. Romper esta falsa elección impuesta por el régimen y el gobierno es clave. Defender el medio ambiente no puede significar abandonar a quienes necesitan trabajo. Pero aceptar proyectos que hipotecan nuestras condiciones de vida tampoco es una solución real.
La única salida pasa por levantar alternativas que permitan un desarrollo distinto: diversificación productiva, inversión en actividades sostenibles, fortalecimiento de economías locales y planificación en función de las necesidades sociales y naturales, no de la rentabilidad inmediata.
Las movilizaciones del Día del Agua muestran que existe disposición a enfrentar este camino.
Pero la magnitud del problema exige más. Exige organización territorial, articulación entre trabajadores, comunidades y movimientos ambientales, y una movilización sostenida para frenar esta agenda y defender el agua, el territorio y condiciones de vida dignas.
Porque lo que está en juego no es solo la defensa de la naturaleza, sino la posibilidad de construir condiciones de vida dignas para las mayorías.
Enfrentar la “motosierra ambiental” no es solo una lucha ecológica. Es una lucha social.
